El Programa de atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, Reclusas, Ex reclusas y Sometidas a Medidas Alternativas, inició su actividad de manera pionera en 1995, gracias a la voluntad innovadora de tres entidades: APPS (Dincat) de Cataluña, APSA en la comunidad Valenciana y AMPROS en Cantabria. Estas tres asociaciones, respaldadas por la entonces Confederación FEAPS y el Real Patronato sobre Discapacidad, abrieron un camino en la atención a las personas con Discapacidad Intelectual que se enfrentaban al sistema penal penitenciario. Posteriormente se fueron uniendo otras federaciones hasta alcanzar actualmente un total de 14 Comunidades Autónomas participantes en programas que se desarrollan en las diferentes instituciones penitenciarias del territorio español.
Las acciones desarrolladas se orientan por un lado a la prevención, trabajando con personas que se encuentran en situaciones de riesgo de cometer algún hecho delictivo o se encuentran en el proceso penal y por otro lado se centran en la reinserción social en dos líneas, preparando la salida con aquellas personas que están cumpliendo una pena o una medida de seguridad, o trabajando en la inclusión de la personas que ya han cumplido una pena o medida.
Actualmente el programa está subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria estatal para subvenciones con cargo al IRPF. La importancia inherente a este proyecto queda puesta en evidencia al ser de los pocos que han mantenido su continuidad durante todos estos años. En la convocatoria del año 2017, en la que se produce un cambio por el que la financiación pasa a ser competencia de las Comunidades Autónomas, el Programa, sigue manteniendo su financiación desde el gobierno central al tratarse de una actividad realizada en el ámbito de las Instituciones Penitenciarias, subvencionándolo con mayor dotación económica para el presente ejercicio.
La presencia de personas con discapacidad intelectual en el ámbito penitenciario, ejemplifica una situación de gran exclusión social. Es necesaria una intervención especializada en la que APSA cumple una función mediadora entre la lógica judicial y penitenciaria y la lógica de la intervención social y de la inclusión. Hay personas con discapacidad intelectual en riesgo de cometer un delito, otras que ya lo han cometido y se encuentran dentro del régimen penal-penitenciario y también personas que han cumplido su sentencia y están en libertad. En cada caso se construye un proceso de intervención adaptado a la realidad y necesidades de esa persona para que pueda desarrollar su proyecto vital con calidad de vida.
El equipo que lidera la Responsable y Coordinadora Nani Quevedo, se compone además de las Psicólogas Aurora Sánchez Bretaño y Yamila Rodriguez. Y Fernando Sanchiz que desempeña su labor como Monitor Ocupacional.
Actualmente se trabaja en los centros Alicante I y Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, Alicante II en Villena. Dentro de los centros se trabaja en la detección de la población con discapacidad intelectual y posterior reconocimiento del Diagnóstico a través del Certificado Oficial de Discapacidad. Se implementan programas individuales de rehabilitación, se gestionan recursos, se realiza un seguimiento y canalización de las necesidades y demandas de los usuarios. Todo ello a través de la Intervención de Trabajo Social con las familias y los entornos de estas personas.
Dentro del Programa, y como una de las actividades preventivas, se ha firmado un Convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, cuyo objetivo es la coordinación entre el Programa de Reinserción de APSA que atiende a personas con discapacidad intelectual afectas por el régimen penal penitenciario, y los servicios de Asistencia Jurídica y Defensa que son prestados habitualmente a dichas personas por letrados del Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante que cuenta con la colaboración de la Dra. Clarisa Ramos Feijoo, profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante que presta una estrecha colaboración con nuestra Asociación desde hace muchos años y en especial con este Programa. En este sentido se han realizado actividades de sensibilización y formación de los profesionales que participan en Turno de Oficio, de modo que puedan prestar un asesoramiento que garantice la accesibilidad a la Justicia de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. También se han desarrollado actividades de formación y coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan intervenir con un mayor conocimiento y por tanto calidad en la atención de las personas con discapacidad que puedan verse involucradas en situaciones de conflicto con la ley.
La larga trayectoria del programa incluye el reconocimiento de Instituciones Penitenciarias a la labor desarrollada, así como también su distinción como buena práctica y numerosos reconocimientos de diversas administraciones y organizaciones.
El trabajo realizado es por tanto de doble vía, ya que no sólo se desarrollan acciones con las personas que se encuentran en los centros penitenciarios sino que además existe una permanente actividad de sensibilización para que el doble estigma de la discapacidad y del paso por cárcel, no actúen como una traba para la inclusión social.-